Hacienda exigirá el código QR en todas las facturas y premiará a los ciudadanos que alerten de posibles fraudes en las transacciones.

Son dos de las novedades más llamativas del Proyecto de Real Decreto que aprobará el Reglamento sobre los requisitos del software homologado establecido por la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal (L11/2021).

Bajo el pretexto de acabar con la elusión tributaria de pymes y autónomos el Gobierno sigue presionando. A través del código QR, los clientes podrán verificar si sus facturas están bien contabilizadas y si los autónomos y pymes cumplen con sus obligaciones legales.

El proyecto de ley nace para atajar el uso de programas que generan dobles contabilidades

  • El desarrollo reglamentario previsto en artículo 29.2.j) de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, de las especificaciones técnicas que deban reunir los dispositivos electrónicos y los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes ejerzan actividades económicas, así como también los requisitos para estar debidamente certificados.
  • La interconexión de sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, fiscales y de gestión empresarial, y su compatibilidad con los sistemas de clientes, proveedores y administraciones públicas.
  • El aseguramiento de la calidad de la información, la confianza en la inalterabilidad indebida de los datos, la trazabilidad de los mismos y la interdicción del uso del llamado software de supresión y manipulación de ventas.

Este reglamento tendría que haber estado operativo en octubre, a los tres meses de la vigencia de la ley, pero se ha retrasado y se ha abierto a consulta y audiencia pública con unos objetivos de mayor amplitud.

Facturas con QR

A la entrada en vigor de esta nueva norma, todos los sistemas de facturación que se utilicen en España, para ser legales, tendrán que cumplir algunos requisitos específicos como, por ejemplo, permitir que las operaciones se graben en el sistema informático» y posibilitar «la legibilidad de los registros, el análisis automatizado y la simultánea remisión a la Administración tributaria».

La inclusión de un código QR (u otro sistema de verificación digital) en cada una de las facturas permitirá al consumidor final escanearlos y comprobar si verdaderamente el autónomo o empresario ha contabilizado esa operación con los datos correctos.

Esta obligación vinculará a todos los autónomos, ya sean personas físicas o empresas:

  • Contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.
  • Contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades económicas.
  • Contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que obtengan rentas mediante establecimiento permanente.
  • Entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades económicas, sin perjuicio de la atribución de rendimientos que corresponda efectuar a sus miembros.

Según José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), la idea tiene «un fuerte componente disuasorio y de incentivo al cumplimiento voluntario de las obligaciones por parte de los autónomos y empresas ya que, aunque previsiblemente muchos clientes no vayan a verificar esta información ni a remitir la factura a la Agencia Tributaria, siempre cabrá la posibilidad de que cualquier receptor pueda hacerlo y detectar, tanto él como los técnicos, que no está correctamente contabilizada».

Premio para los que alerten de fraudes

La duda sobre la posibilidad de que “la colaboración ciudadana” sea efectiva se disipa si tenemos en cuenta que, además en el nuevo reglamento de facturación, la Agencia Tributaria premiará a quienes alerten de posibles fraudes, incentivando al consumidor final a que pida recibos de sus operaciones y “pueda remitir voluntariamente a la Administración Tributaria la información básica de esas facturas para verificar su registro y la exactitud de los datos reflejados en las mismas”.

La Exposición de Motivos de la futura norma dice que pretende “incentivar la concienciación fiscal de los clientes y del público en general favoreciendo la colaboración activa contra los incumplimientos. Se quiere dar una mayor relevancia al papel de los consumidores finales o destinatarios en el nuevo sistema, de manera que cada factura completa o simplificada que reciban, en soporte electrónico o impresas en papel, pueda remitirse a la Administración Tributaria para asegurar el cumplimiento tributario de los obligados a su emisión y respaldar así la recuperación de las economías europeas”.

Los datos recopilados por el fisco servirían para comprobar que las pymes y los autónomos españoles declaran de forma adecuada sus ingresos reales. Sobre las recompensas, Hacienda ha afirmado que, al igual que ocurre en Portugal, su intención es otorgar deducciones y créditos fiscales.

Apelar a la conciencia del consumidor a través del “Sistema de emisión de facturas verificables” o “Sistema VERI*FACTU”, que así se llamaría el programa digital de la AEAT, es diferente al Suministro Inmediato de Información (SII). Este último está enfocado a macroempresas con una facturación por encima de los seis millones de euros, y afecta a todas sus facturas (también a las recibidas), principal diferencia con la nueva propuesta del Gobierno que solo se aplicaría a facturas emitidas.

Y, para terminar, ojo al dato: Álava ya ha facturado 25 millones de euros con la huella digital de TícketBai. Las empresas y comercios de este territorio ya han enviado 41.000 recibos con ‘código QR’ a los servidores de la Hacienda foral. También se está implantando el sistema BATUZ en Bizkaia.

Más de 7.000 empresas y profesionales de Bizkaia se han incorporado voluntariamente a Batuz en el primer plazo

Un total de 4.465 trabajadores autónomos y 2.910 empresas de Bizkaia se han incorporado a Batuz desde el primer trimestre de 2022, una vez finalizado este pasado viernes el plazo para comunicar a Hacienda la incorporación voluntaria.

Desde el 1 de enero, las empresas y autónomos incorporados a Batuz están emitiendo sus facturas con alguno de los 713 softwares de facturación homologados y están llevando sus libros registro de operaciones económicas (LROE) en la sede electrónica de la Diputación Foral. Hasta la fecha, han enviado a la Hacienda Foral la información relativa a 501.656 operaciones económicas.

Fue precisamente por estos motivos y ante la demanda de los propios contribuyentes, según ha recordado, por lo que la Hacienda Foral estableció un periodo de dos años de incorporación voluntaria antes de la implantación obligatoria el 1 de enero de 2024.

La incorporación a Batuz durante el periodo voluntario debe realizarse al comienzo de cada trimestre, de modo que las próximas incorporaciones se harán el 1 de abril. Para ello, las personas interesadas deben comunicar su incorporación previamente, a través de la página web www.batuz.eus, entre el 1 de febrero y el 5 de marzo.

BATUZ

Batuz es el sistema desarrollado por la Hacienda Foral para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la asistencia a los contribuyentes, al introducir dos elementos novedosos en la gestión de los negocios de los trabajadores autónomos y las empresas.

Por una parte, deben anotar todas sus operaciones económicas en su libro registro de la sede electrónica de la Diputación Foral y, por otra, deben emitir sus facturas con un software TicketBai, que impide la ocultación de ventas a través de una caja B.

Este software imprime en cada ticket o factura un código QR que permite asimismo a los consumidores conocer si esa factura ha sido declarada a Hacienda.

Con la información obtenida a través de Batuz la Hacienda Foral «incrementa el control para prevenir y detectar el fraude fiscal, y a su vez mejora la asistencia a los contribuyentes de Bizkaia», ya que podrá facilitar borradores de declaración de IVA e IRPF a los trabajadores autónomos y de IVA e Impuesto sobre Sociedades a las empresas, ha indicado la Diputación vizcaína.

La implantación de Batuz será obligatoria desde el 1 de enero de 2024 para todas las personas, físicas o jurídicas, que desarrollan actividades económicas, y durante 2022 y 2023 es voluntaria. Durante estos dos años, los trabajadores autónomos y las micro, pequeñas y medianas empresas que implanten Batuz voluntariamente disfrutarán de una compensación en su base imponible de IRPF o Impuesto sobre Sociedades. La compensación será del 15% para quienes han adoptado Batuz en el primer trimestre de 2022 y se irá reduciendo para quienes se incorporen más adelante.

Estas compensaciones son compatibles con la deducción establecida para los gastos en los que cada empresa o trabajador autónomo incurra para implantar Batuz, como la actualización del software de facturación o la adquisición de equipos informáticos o periféricos, y que asciende al 30% del coste asumido durante el periodo voluntario.

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